Problema jurídico. Problema jurídico a resolver y tesis del Tribunal. Este cuerpo colegiado en el presente caso debe establecer a qué entidad le corresponde asumir el pago de la sanción moratoria, esto es, si al Fomag o a la entidad territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, teniendo en cuenta que tanto la petición de cesantías como el acto que ordena su reconocimiento y pago se expidió en vigencia de la referida normativa.
Conclusión: Por todas las razones expuestas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta que resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la entidad territorial. 46. Lo anterior, por cuanto se concluyó por parte de este Tribunal que, las pruebas que obran en el expediente en relación con el trámite de reconocimiento de cesantías, permiten demostrar que el incumplimiento se generó por las actuaciones de la entidad territorial, con fundamento en el análisis de la trazabilidad del procedimiento interno como lo describe el artículo 2.4.4.2.3.2.25. del Decreto 1272 de 2018.
Decisión: Confirmar la sentencia anticipada de fecha 26 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme con los motivos expuestos en esta providencia.
Glosario jurídico.
Nulidad y restablecimiento
del derecho: Medio de control dirigido a anular un acto
administrativo particular y obtener la reparación del derecho subjetivo
afectado.
Acto ficto negativo: Decisión presunta que surge cuando la administración no responde una
petición en el término legal, entendiéndose negada.
Sanción moratoria: Indemnización legal equivalente a un día de salario por cada día de
retraso en el pago oportuno de cesantías.
Legitimación en la causa por
pasiva: Aptitud jurídica de la entidad demandada para
responder por la obligación discutida en el proceso.
Mora imputable: Retardo atribuible jurídicamente a una entidad por incumplimiento de
los plazos legales en el trámite o pago de una prestación.